Las negociaciones comenzaron con un llamado, el lunes 31 de agosto. Desde España, Cristóbal López le preguntó a Orlando Terranova si estaba en Mendoza, le dijo que quería verlo y que era urgente. ¿Por qué? Porque tiró la toalla. Y no quiere terminar en la cárcel, aunque con cada día que pasa se reducen sus opciones para evitar el colapso de todo el Grupo Indalo.
El panorama es desalentador para López. Sabe que su imperio puede implosionar en cuestión de semanas y desconfía, incluso, de su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. ¿Acaso es él quien filtra datos para boicotear las negociaciones? ¿O Marcelo Tinelli? ¿O algún ladero del jefe de Gabinete, Marcos Peña?
Sólo días después del primer llamado, López y Terranova se reunieron en Buenos Aires. Despuntaba septiembre y el otrora «zar del juego» le comunicó a «Orly», al que conoce a través de sus hijos y el mundo del rally, que quería deshacerse del Grupo Indalo. Ya vendida su parte en los casinos, le dijo que ahora quería desprenderse del resto. No sólo de los medios. De todo.
«Yo ya perdí. Este gobierno tendrá seis años de continuidad y yo no quiero terminar en la cárcel», le informó López a Terranova, palabras más, palabras menos, según reconstruyó La Nación las últimas dos semanas sobre la base de fuentes empresarias y oficiales. Dijo, textual, «cárcel», como antítesis de su sueño: «Quiero disfrutar 20 años más con mis hijos».
López estaba, cuentan, «destrozado», sólo 18 días después de las elecciones primarias, las PASO.
A partir de ese momento, Terranova convocó a un ex ejecutivo de Arcor y de Cencosud, Gerardo Molinaro, y al abogado Gustavo Casir para encarar el desafío, mientras que sondeó a la cúspide de la Casa Rosada para tantear las aguas.
Así, tras dialogar con tres altos funcionarios llegó a una conclusión: la operación es, hoy, inviable. ¿Por qué? Porque el Gobierno quiere recobrar los miles de millones de pesos en impuestos que adeuda López; porque el Gobierno no se moverá para facilitar la operación -ni mucho menos le dará más pauta oficial a los medios del Grupo Indalo- y porque el Gobierno tiene una «visión errónea» de López, al que lo ve mucho más poderoso de lo que realmente es.
El panorama es aún más desalentador. El Grupo Indalo podría implosionar «en tres semanas» porque carece de líneas de crédito, falta capital de trabajo y afronta una fuga de gerentes, que sienten que la nave se hunde.
¿Cuál era el plan de Terranova? Armar un fideicomiso con todos los activos del Grupo Indalo, dárselo a la AFIP en garantía de repago de los impuestos adeudados, encargarse de la gestión diaria del holding, arribar a un acuerdo con los acreedores en el concurso, levantar inhibiciones y embargos, vender los activos que no impacten en el flujo de fondos -terrenos, aviones, ciertas empresas- para, de a poco, cancelar esa deuda fiscal, cobrar una comisión del 2% por cada venta y, si sobrara algo tras cancelar toda la deuda, quedarse con el remanente.
¿Qué activos querría retener Terranova? Alcalis de la Patagonia, la constructora CPC y la productora televisiva La Corte, entre otros. ¿Y cuáles no figurarían entre sus preferencias? Los medios de comunicación, que podría vender si aparece algún candidato con una oferta interesante. Y, por lo pronto, el ex dueño de C5N y Radio 10, Daniel Hadad, ya se reunió con Terranova, para «informarse».
Valer cero; pedir nada
¿Es factible el plan de Terranova? Depende.
En números gruesos, López adeuda US$ 500 millones, el grupo valdría unos US$ 600 millones y, con la nave enderezada, acaso podría trepar hasta los US$ 700 millones, para lo cual el equipo de «Orly» contactó a varios bancos en búsqueda de nuevas líneas de crédito. Pero les quedó claro que si la nave no se endereza rápido, puede irse a pique. Y valer cero.
¿Cuánto dinero pretendía López a cambio de desprenderse de todo el Grupo Indalo? Cero. Al contrario, ofreció como «aporte irrevocable» un contrato por US$ 38 millones (más de $ 650 millones al tipo de cambio actual) correspondientes a la venta de sus acciones en Casino Club para colaborar con el capital de trabajo requerido para relanzar al grupo y evitar su colapso. ¿Por qué? Porque quiere irse y desconfía de De Sousa, quien debería colaborar con la transición -si se concretara la operación- pero luego quedaría «afuera y sin paracaídas», según lo definen dentro y fuera del Grupo Indalo.
Para De Sousa, las últimas semanas resultaron todo un cambio de paradigma. Se forjó de abajo y durante años se ganó la confianza de López, hasta asumir la gestión diaria de todo el grupo, del que tenía el 30% de las acciones. Pero él quería mucho más y soñó con alcanzar el control accionario, más temprano que tarde. Pero eso ya quedó atrás. Es pasado.
«La revisión profunda del Grupo muestra gastos insólitos. Desde pagarle una fortuna por mes a Tinelli o desembolsar otros 350.000 dólares a un abogado, también por mes. O tener dos aviones. ¿Para qué? ¿Cómo se entiende? «, desafió una fuente, al tanto de los números finos del grupo. «Porque mientras tienen esos gastos ya adeudan otros $ 300 millones por nuevos impuestos, más cargas sociales impagas. Un desastre».
¿Qué pasó? ¿Cómo fue posible? Porque apostaron a otro futuro. «López le dijo a «Orly» que confiaba en que iba a ganar Scioli [Daniel], que con él iban a conseguir un plan especial [de la AFIP] de 120 cuotas para devolver la que debían y, además, ganar «un negocio nuevo por minuto», literal», añadió el informante.
Con los resultados puestos de las PASO del 13 de agosto último, cuentan junto a López, el empresario chubutense consideró que su mejor opción era buscar a algún empresario con quien él mantuviera una buena relación y mostrara cierta afinidad con el gobierno nacional. Terranova cumplía esas condiciones: «Orly» fue candidato de Pro en Mendoza, hace unos años, y conoce al presidente Mauricio Macri desde hace años.
Puestos a negociar, Terranova y López lo asentaron por escrito. Firmaron un instrumento privado ante escribano público. Fue el jueves 21 de septiembre, cuando el ex «zar del juego» y De Sousa otorgaron un mandato de administración de derechos de todas las empresas que integran el Grupo Indalo. Es decir, aceptaron entregar el timón, averiado desde que La Nación reveló en marzo de 2016 que la expansión del Grupo Indalo se financió con $ 8000 millones de deuda tributaria.
Pero aún con ese mandato de administración ya en sus manos, Terranova no asumió el mando. Estuvo muy cerca. Tan cerca que llegó a redactar un comunicado de prensa para anunciarlo. Pero se detuvo. ¿Por qué? Porque con los primeros datos provenientes del duedilligence mostraban que el panorama trazado por De Sousa era por demás voluntarista. Por eso evitó tomar las riendas sin antes abordar a la AFIP, que de la mano del abogado penalista Ricardo Gil Lavedra redoblaba la presión sobre López, De Sousa y todo el grupo.
En Indalo admiten a La Nación que «la negociación se empiojó» y que «las cosas no están nada bien con la Casa Rosada», aunque las aguas se dividen entre quienes creen que a Terranova «tampoco le dan bola en el Gobierno», los que creen que los funcionarios «quieren despegarse de la operación» para evitar que se crea que el Gobierno alienta la compra de medios «afines» e, incluso, aquellos que sospechan que la administración Macri aprieta el torniquete «para que Cristóbal López se ablande aún más» a la hora de negociar.
