Ley Nacional de Producción Autopartista

La Ley Nacional de Producción Autopartista apunta a dinamizar la cadena de valor automotriz y a generar empleo de calidad a través de un paquete de medidas que promueve la radicación de nuevas plataformas productivas y favorece la incorporación de una mayor proporción de autopartes locales en la producción de vehículos.

La norma otorgará un bono electrónico de crédito fiscal sobre el valor de compras de autopartes producidas en el país con alícuotas crecientes para las terminales que vayan incrementando los componentes nacionales en su producción.

Podrán acceder al beneficio las terminales de autos, utilitarios, comerciales livianos, camiones, ómnibus y chasis, que se instalen en la Argentina y que desarrollen plataformas nuevas o rediseñen significativamente las existentes, magnitud que se medirá por los montos de la inversión. Además, la medida se hará extensiva a los complejos de maquinaria agrícola y maquinaria vial autopropulsada.

Los beneficiarios del régimen de incentivos estarán obligados a realizar su producción con un contenido nacional, medido pieza sobre pieza, mayor o igual al 30%.

El paquete permite, además, que puedan solicitar un anticipo del 15% de los beneficios previstos durante los primeros cinco años para destinarlo al desarrollo de proveedores.

En ese caso los recursos se podrán aplicar exclusivamente a la compra de herramentales y bienes de capital y al armado de instalaciones para ampliar la capacidad productiva y deberán ser transferidos a los proveedores sin costos.

Otro punto acordado es el que fija que las terminales deben comprometerse, sin excepción, a no reducir la cantidad de personal, teniendo como referencia el promedio mensual del período julio de 2015 y junio de 2016, ni aplicar suspensiones sin goce de haberes.

La evaluación y el seguimiento de la aplicación del régimen estará a cargo de un Consejo Consultivo integrado por el sector público y el privado.

Por el Estado participarán funcionarios de los Ministerios de Producción, de Hacienda y Finanzas Públicas, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y representantes de las provincias en las que haya al menos una terminal automotriz, que en la actualidad son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

En el caso del sector privado integrarán el Consejo las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales del sector.