El petróleo es parte del alma mexicana. Y también de su Código Penal. La Cámara de Diputados ha aprobado una ley que impone penas de 15 a 25 años al robo de gasolinas y al saqueo de oleoductos.

El castigo es muy superior al de una violación (6 a 10 años en la legislación federal) y queda a poca distancia del asesinato (30 años, el mínimo).

Esta fuerte sanción, aparte de abrir una reflexión sobre el machismo, es indicativa del enorme malestar que, en un país con 53 millones de pobres, genera el pillaje de hidrocarburos, uno de los grandes bienes nacionales.