La desaparición de 43 estudiantes durante el viernes 26 mantiene en vilo y conmocionada a la sociedad mexicana. Las autoridades sospechan que policías municipales de Iguala colaboraron en la desaparición de los jóvenes, ocurrida después de unos ataques conjuntos de agentes y presuntos criminales en esa localidad de la convulsionada región de Guerrero.

La violencia se desató cuando los jóvenes, que estudian para maestros en una escuela rural cercana a Chilpancingo, de gran activismo social, se apoderaron de autobuses de transporte público para regresar a sus casas desde Iguala, a donde habían ido a recaudar fondos.

Una treintena de personas fueron detenidas, incluidos al menos 22 policías municipales que balearon a los estudiantes y también presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, para el que se cree que trabajan los agentes.

Nada se sabe de las 43 personas que sobrevivieron a los tiroteos. Testigos dijeron haber visto cómo, tras los disparos, decenas de ellos eran trasladados en patrullas policiales hacia algún lugar desconocido. Las familias temen que los estudiantes estén secuestrados por criminales y que sus vidas corran un grave peligro.

Por su parte, las autoridades esperan que se hayan escondido por miedo, tal como hicieron otros compañeros que presenciaron los tiroteos y que más tarde aparecieron con vida. No obstante, mantienen su hermetismo sobre las identidades de los 28 cadáveres calcinados hallados este sábado en seis fosas clandestinas de esa región.

Guerrero es uno de los estados más pobres de México, tierra de cultivo de amapola y marihuana y una de las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Se ha convertido en uno de los principales escenarios del combate militar contra los cárteles que lanzó el anterior presidente Felipe Calderón y que Peña Nieto ha mantenido pese a denuncias de que incrementó las violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados.