Los integrantes de la comunidad mapuche que ocupan desde septiembre una parte del Parque Nacional Nahuel Huapi aceptaron que el juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ingrese al lugar para investigar la muerte de Rafael Nahuel. El joven de 22 años recibió un disparo de un arma 9 mm, mismo calibre que usa el grupo Albatros, de la Prefectura, fuerza que el sábado pasado estuvo a cargo del desalojo de la zona.

En la negociación entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en representación del Gobierno, y la Lof Lafken Winkul Mapu, el obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, fue el mediador. También estuvieron organismos de Derechos Humanos.

En un documento, los referentes de la Lof Lafken Winkul Mapu explicaron: «La comunidad acepta desde el primer momento la realización de una inspección ocular porque la primera preocupación es el esclarecimiento del asesinato de ‘Rafita'». Esa causa fue caratulada como «NN/sobre muerte en circunstancias dudosas».

Los mapuches aprovecharon la oportunidad para rechazar un vínculo con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM): «El Lof y las comunidades mapuches autoconvocadas dejan en claro que no reconocen la existencia de una organización denominada RAM».

La Asociación de Abogados por Igualdad de Derechos informó en el encuentro que Fausto Jones Huala y Lautaro González, detenidos el sábado en el lugar y liberados el miércoles, «no están imputados por la muerte de Nahuel, y ratificaron que no hay presencia armas de fuego en posesión de la comunidad».

La próxima reunión será el miércoles 6 de diciembre, a menos que eventos imprevistos obliguen a un encuentro anterior.

Villanueva aceptó retirar la custodia federal del predio en conflicto y alejarla a 300 metros, además de suspender los operativos de captura de los mapuches que se habían escapado en el desalojo, mientras los ocupantes se comprometieron a no obstaculizar la investigación, aunque se niegan a abandonar el predio.