La jueza federal Sandra Arroyo Salgado argumentó su decisión de apartar a la Gendarmería Nacional de las protestas que se realizan por los despidos en a la fábrica Lear al remarcar que ”las fuerzas de seguridad no pueden convalidar algunos cortes y otros no porque eso genera malestar social”.
«En ciertas condiciones el corte de ruta es un delito. El tema es que no hay una política de Estado clara ni desde el Poder Ejecutivo, ni del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal en la materia y no se puede tomar una decisión según sea la naturaleza del reclamo o el color político de los manifestantes” expuso la magistrada que sostuvo que gendarmería no debe aparecer en estos piquetes para desviar el transito porque si lo hacen es una forma de “aprobar” la protesta.
En esa línea, la jueza afirmó que el problema es que «hay infinidad de interrupciones en las calles de la Capital Federal que son convalidados por el Ministerio de Seguridad, por el Poder Judicial y por el Ministerio Público Fiscal” y sostuvo que “esta situación avalada por conveniencia política de algunos perjudican a miles que quieren circular libremente”.
“A veces pareciera que depende la naturaleza del reclamo o la bandera política de los manifestantes son las decisiones que se toman desde los organismos del Estado, cuando esto no debiera ser así” concluyó Arroyo
