Panamá Papers: Moreno Ocampo complicado

Una investigación periodística de un grupo de medios internacionales sobre documentos internos de la Corte Penal Internacional (CPI) y correos privados del ex fiscal Luis Moreno Ocampo siembra dudas sobre la limpieza de su trabajo y de sus finanzas, con empresas en diversos paraísos fiscales.

Según publicó el semanario alemán Der Spiegel, los medios miembros de la European Investigative Collaborations (EIC) han analizado decenas de miles de documentos que han llegado a manos de la plataforma francesa Mediapart.

Uno de los capítulos más comprometedores, según la revista, es el contrato de tres millones de dólares firmado por el argentino Ocampo en 2015, cuando ya había dejado la CPI, para asesorar al empresario libio Hassan Tatanaki y “protegerlo de procesos penales”.

Como fiscal jefe de la CPI, puesto que abandonó en el verano de 2012, Ocampo recibió en 2011 el encargo de investigar posibles crímenes de guerra en Libia y, según la revista, facilitó a las autoridades francesas e inglesas información sobre el proceso, aunque ambos países eran parte de la coalición que bombardeaba el país para acabar con el régimen de Muamar al Gadafi.

“Es totalmente mentira”, afirma Ocampo a Der Spiegel al referirse a estos contactos, confrontado con la investigación, aunque no niega el acuerdo con Tatanaki, millonario próximo a Gadafi que al comenzar la revolución se situó del lado del general sublevado Jalifa Haftar.

El ex fiscal precisa que sólo recibió de él 750.000 dólares y se muestra convencido de que ayudarle fue algo “no sólo legal, sino también correcto”.

Según los documentos a los que tuvo acceso el EIC, Ocampo recibió información desde dentro de la Corte Penal Internacional de la que se desprendía que el empresario podía acabar siendo investigado por el organismo y le asesoró sobre cómo actuar, evitando cualquier relación directa con Haftar.

Los honorarios pactados debían pagarse a la empresa Transparent Market en Uruguay; según la investigación, la familia Ocampo disponía de empresas pantalla en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes británicas, Panamá o Belize, al menos una de ellas ya durante su trabajo en la CPI.