Peña Nieto unificará a la Policía contra el narcotráfico

Dos meses después de los seis muertos y 43 desaparecidos de Iguala, Enrique Peña Nieto quiso dejar claro que ha escuchado la voz de los ciudadanos, que no ha dejado de alzarse desde aquel aciago 26 de septiembre: “Después de Iguala, México debe cambiar”. “Todas las manifestaciones coinciden en un punto fundamental: que México no puede seguir así y tienen razón”.

Es por eso que anunció la puesta en marcha de diez medidas concretas en el ámbito de la seguridad, dos de las cuales implicarán reformas constitucionales: la promulgación de una ley contra la infiltración del crimen organizado en las alcaldías, que permitiría al poder federal asumir el control de un municipio que presente indicios de colusión con la delincuencia; y la obligación del llamado “Mando Único”, que consiste en eliminar las 1.800 policías locales y establecer un solo cuerpo por estado.

El plan, -que incluye un despliegue especial de fuerzas federales en la región llamada Tierra Caliente (repartida entre Michoacán y Guerrero), la aceleración de la reforma del sistema judicial aprobada en 2008, medidas para garantizar los derechos humanos y toda una serie de acciones para luchar contra la corrupción, como la creación de un fiscal especial- no se queda en la seguridad, sino que también abarca la economía.

El presidente resaltó que los sucesos de Iguala evidencian también los “dos Méxicos”: uno desarrollado, “inserto en la economía global”, y otro pobre, “con rezagos ancestrales”. Por ello, dará prioridad al fomento del desarrollo de los estados más carentes: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Este proyecto de desarrollo implica miles de millones de pesos en autopistas, hospitales, programas sociales y la creación de tres nuevos polos industriales, en cada uno de estos estados.

El anuncio presidencial ha generado una enorme expectativa, pero falta que se concreten las medidas para eliminar la desconfianza. Hace apenas seis años, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón firmó con representantes de organizaciones civiles y religiosas y con los gobernadores –entre ellos Enrique Peña Nieto, que regía el Estado de México– un Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad cuyos compromisos no se han cumplido a cabalidad.