Según el portal español “El Mundo”, en Sevilla esta práctica se considera un delito desde el año 2003, pero ahora decidieron incrementar el monto de la multa de 300 a 750 euros, pudiendo llegar hasta los 3000 euros según la “gravedad de la falta”.

Las autoridades locales justifican la medida alegando que es para evitar que se consuman alimentos en mal estado que dañen a la salud de la persona.

La polémica se suma a los distintos factores que está dejando a la luz la fuerte crísis económica que vienen acarreando desde hace años. La semana pasada un informe de la UNICEF indicó que hay más de 800 mil niños en situación de pobreza o riesgo en el país y se estima que hay más de 5 millones de españoles desempleados, que serían una de las causas principales de la situación por la que están pasando los más pequeños.