El juez federal Julián Ercolini procesó a Martín Báez en el marco de la causa en la que investiga el presunto direccionamiento de las concesiones de obra pública durante el kirchnerismo en favor de empresas de Lázaro Báez.
El magistrado emitió hoy un fallo de casi 700 páginas en el que dispuso el procesamiento del mayor de los hijos varones de Báez y de otros empresarios y de ex funcionarios de la Dirección de Vialidad.
Los procesados, junto con Martín Báez, fueron Sergio Passacantando y Carlos Alonso, ex funcionarios de Vialidad Nacional; Fernando Butti, ex contador y mano derecha de Lázaro Báez; y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, la principal empresa investigada.
La medida, que incluyó embargos de hasta 2.500 millones de pesos, se produjo en el marco de la causa por la que ya fue procesada la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el propio Báez.
Martín Báez había sido llamado a indagatoria por el juez Ercolini por ser dueño del 5 por ciento de las acciones de Austral Construcciones, la empresa supuestamente beneficiada por el kirchnerismo con el reparto la obra pública.
Ante el juez, el hijo de Báez dijo que nunca tomó decisiones en las empresas de su padre y que «nunca» sospechó que en ellas «se cometieran ilícitos», en un escrito que presentó en la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
Para el juez, se encuentra acreditado que Passacantando, entre octubre de 2006 y diciembre de 2015, y Alonso, desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2015, «habrían perjudicado los intereses confiados al violar su deber de cuidar y administrar fielmente los fondos otorgados a esa dirección».
Sobre Butti, Mendoza y Báez, el juez dijo que «habrían brindado un aporte imprescindible en los hechos atribuidos a sus consortes de causa» mientras ostentaron cargos jerárquicos o fueron accionistas de las empresas del grupo Austral.
El magistrado dispuso además inmovilizar cuentas bancarias de todos los procesados, con excepción de las cuentas sueldos o aquellas en las que se depositan jubilaciones o pensiones y el franjado de cajas de seguridad de los procesados.
Entre quienes fueron beneficiados con la falta de mérito se encuentra Myriam Costilla, de la empresa «Kank & Costilla», una de las firmas investigadas por hacer negocios con Austral Construcciones.
En la causa se investiga «un complejo entramado delictivo que tuvo lugar entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015 y que se habría constituido desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo y concretado a través de diversos actos», según sostuvo Ercolini en una resolución anterior.
Martín Báez se encuentra tres veces procesado, aunque sin prisión preventiva, en el marco de la causa por lavado de dinero que instruye el juez Sebastián Casanello, en la que su padre se encuentra detenido desde el 5 de abril del año pasado.
