Las Pymes reclaman medidas paliativas hace varios meses, debido a que enfrentan problemas operativos por el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés que fija el Banco Central, al tiempo que registran una fuerte caída del consumo. Las primeras acciones del gobierno se enfocaron en estimular la actividad de los sectores más concentrados y dejaron de lado a las pymes, las mayores generadoras de empleo del país.
Frente a los reclamos, la AFIP anunció un paquete de flexibilidades impositivas. El organismo elevó en 400 por ciento el monto mínimo a partir del cual se retiene el Impuesto a las Ganancias y a 135 por ciento en el caso del IVA. Para este último tributo las pequeñas y medianas empresas podrán pagar trimestralmente sin intereses, en vez de mensualmente como hasta ahora. Ambas medidas –que alcanzan a los responsables inscriptos en IVA, tanto personas físicas como jurídicas– significan menos retenciones para ese segmento empresario, lo que a su vez permitirá absorber los saldos a favor que pudieran tener originados en esas retenciones.
Según el comunicado de la AFIP, también se incluye la simplificación de los mecanismos para obtener el certificado de exclusión de retenciones, ya que las microempresas deberán demostrar como único requisito dos meses consecutivos de saldos a favor de libre disponibilidad. Para el resto de las pymes se reduce a la mitad el requisito de la proporción de los saldos a favor de libre disponibilidad sobre el promedio de IVA determinado en los últimos 12 meses, el cual pasó del 20 al 10 por ciento.
En cuanto a la nueva modalidad de vencimiento del IVA, entrará en vigencia a partir de junio y las declaraciones juradas se seguirán presentando mensualmente, aunque el pago se podrá hacer en septiembre, una vez que se acumulen tres presentaciones ante el fisco. El beneficio para los contribuyentes por el diferimiento del IVA ronda los 5000 millones de pesos.
