El fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, insistió hoy en el «riesgo procesal» que revestiría una eventual liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, al tiempo que valoró la respuesta de la Cancillería a los organismos internacionales -que cuestionaron la detención-, donde se los invita a la provincia para tomar contacto directo con las causas y la justicia jujeña que acusó -por diversos motivos- a la referente social.
Las declaraciones de Miranda a Radio Mitre se realizan luego de que ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado argentino a dar «pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria» acerca de Sala, y llamó a su «liberación inmediata», ante lo cual la Cancillería reiteró la invitación al organismo y a la OEA para visitar Jujuy y tomar contacto directo con todos los sectores sociales, políticos y judiciales, vinculados al tema.
«Está claro que la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU, así como la carta del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; y el comunicado de la CIDH tienen un claro contenido político», dijo Miranda, tras aclarar que, no obstante, «no cuestionan las investigaciones sino el hecho de que Sala no esté en libertad».
La dirigente fue detenida imputada por «instigación» a raíz de un acampe de protesta frente a la sede del gobierno de Jujuy y desde abril se la investiga por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas populares.
Además es investigada por presunta «evasión fiscal y enriquecimiento ilícito» y suma una acusación por «encubrimiento de tentativa de homicidio», y por «instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real», tras la denuncia del Ejecutivo provincial por «amenazar de muerte a dos policías», el 13 de octubre de 2014.
En este sentido, Miranda consideró que tanto desde la OEA, como de la CIDH «no tienen a la vista la totalidad de los expedientes ni el avance de las diferentes causas, de las cuales, en el análisis detallado, surge que Sala cumple en prisión con los standartes sobre Derechos Humanos. Por eso, cuando se contestó el pedido de informes a la Comisión, se los invita a través de la Cancillería, a que pasen a tomar contacto directo en Jujuy tanto con la sociedad como con los actores judiciales».
El fiscal insistió en que existe «riesgo procesal» en caso de que Sala quede en libertad, riesgo que está «acreditado por la posibilidad de que puedan presionar a los testigos».
El Grupo de Trabajo de la ONU determinó el 21 de octubre pasado que «la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte».
En tanto, la CIDH reiteró ayer que «la protesta (por la que fue detenida originariamente Sala) es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales bajo la jurisdicción de la provincia de Jujuy», sostuvieron en el texto.
