El abogado del ex apoderado de la Fundación, el defensor oficial Hernán Enrique Figueroa, manifestó que existen «graves contradicciones que, enfrentados a otros elementos acumulados a la investigación, me persuaden de que estamos en presencia de la comisión de un delito de acción pública, tal como es el falso testimonio».
Para el letrado, «pretende hacerse creer que las ganancias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se las llevó» su defendido, «en vez de admitir que eran efectivamente utilizadas dentro del mismo ámbito de la institución».
El pedido al juez federal Norberto Oyarbide sostiene que hay «graves irregularidades y falsedades que se desprenden de las distintas presentaciones efectuadas por Hebe de Bonafini». También se requirió a la Justicia «qué activos y pasivos absorbió la Universidad de las Madres que pertenecían a la Fundación, escenario que sin dudas debe querer ser ocultado por más de un interesado».
