Habían pocos antecedentes en Río de Janeiro de un intento tan determinado por barrer con la delincuencia y brindar seguridad como las medidas que se adoptaron antes del inicio de los Juegos Olímpicos en esa ciudad.
La cita internacional obligaba a la gobernación de la ciudad y al Ejecutivo que encabezaba Dilma Rousseff a mostrar la mejor cara de Río –como lo había hecho antes con la Copa del Mundo y la visita del Papa Francisco- y, por eso, en los meses anteriores al mega evento se sucedieron grandes operativos que ingresaban con munición de guerra en las favelas para desarticular complejas organizaciones criminales.
El gobierno central destinó 85.000 para garantizar la seguridad de los Juegos y un mes antes inyectó US$ 900 millones a la administración carioca para que se pudieran poner al día con los sueldos de los policías.
Pero incluso años antes de que la ciudad fuera sede de ese evento, el gobierno brasileño comenzó con esfuerzos para cambiar el panorama en materia de seguridad. La política de «pacificación», que data del 2008, buscaba expulsar al narcotráfico al tiempo que intentó bajar la tensión que existe entre las bandas criminales y la policía.
El plan tuvo buenos resultados y en un principio cosechó esperanzas: en las favelas donde se instalaron las Unidades de Policía Pacificadora los homicidios habían disminuido un 75% y el número de robos un 50%, según datos del Instituto de Seguridad Pública (ISP).
Pero la estrategia no se mantuvo a largo plazo y más de un año y medio después que se apagara la llama olímpica la situación de Río es un caos que tiene 20 tiroteos al día y que en 2017 contabilizó 6700 homicidos.
La situación parece tan compleja que el presidente de Brasil, Michel Temer, le dio un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad en el entendido de que no hay ninguna otra alternativa disponible para que la ciudad que se alimenta del turismo vuelva a la normalidad. A fines de octubre el gobierno había desplegado 8.500 soldados en la ciudad para que combatieran las bandas de crimen organizado. Pero no fue suficiente.
Las imágenes de violencia que marcaron el carnaval de Río de Janeiro y conmocionaron Brasil empujaron a Temer a decretar la inédita intervención del área de seguridad de Río de Janeiro a través de un decreto presidencial que al recién de esta edición se seguía tratando en la Cámara de Diputados. La norma debe contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso.
Temer convocó este lunes en Brasilia una reunión con el Consejo de Defensa Nacional para abordar la intervención y «decidir los próximos pasos de la medida», según explicó a través de Twitter. Una vez que el decreto sea aprobado por el Congreso los militares, que ya habían sido desplegados a mediados del año pasado en Río, aunque con una actuación limitada, comenzarán a ocupar las calles.
El sábado algunas tropas patrullaron la capital fluminense coincidiendo con la visita del presidente brasileño, pero a pesar de la presencia del Ejército las escenas de violencia se repitieron en el estado.
Un intento de asalto terminó con tiroteo en el barrio de Barra de Tijuca, un camión fue asaltado, un grupo de delincuentes hizo explotar una agencia bancaria y una unidad de la policía fue atacada en una comunidad de la zona norte.
El domingo tres personas, entre ellas un policía fuera de servicio, fallecieron durante un asalto en la zona oeste de Río, mientras que en una cárcel de la Baixada Fluminense se registró un motín con rehenes tras un intento frustrado de fuga.
El decreto abrió una ventana de dudas sobre la reforma del sistema de pensiones, pilar fundamental de la política económica de Temer, ya que durante una intervención la Constitución no permite modificar la carta magna, ni votar una propuesta de enmienda constitucional, como es el proyecto de las pensiones.
No obstante, Temer, quien todavía no ha conseguido el apoyo suficiente para llevar adelante el texto, aseguró que si recaba los 308 votos necesarios para aprobar la reforma «cesará» la intervención federal de manera temporal.
La oposición considera que el decreto de intervención federal en Río es una «cortina de humo» debido a la falta de apoyo del gobierno para aprobar la reforma del sistema jubilatorio.
