Un nuevo e incierto capítulo en la democracia española, considerada modélica para muchos gobiernos de la región: el gobierno de España lo «lamenta» sinceramente. Pero, ante la «actitud» del gobierno independentista catalán, anunció formalmente la puesta en marcha de mecanismos para la intervención de esa próspera región.
El gobierno de Mariano Rajoy anunció para el próximo sábado una reunión «extraordinaria» de gabinete para analizar qué medidas se adoptarán. El anuncio formal de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una autonomía, se hizo bajo la amenaza concreta de la Generalitat de «declarar la independencia» en forma definitiva si eso sucedía.
Esta mañana, sobre la hora en la que vencía el ultimátum final para responder sobre la situación en Cataluña, el presidente de la comunidad autónoma, Carles Puigdemont, insistió en que el gobierno español «no quiere una solución política» para Cataluña.
La Moncloa dio por no respondido su requerimiento en el sentido de contestar por sí o por no si la región había declarado su independencia. En este momento, España es un hervidero de reacciones que, previsiblemente, continuarán a lo largo del día y, otra vez, será uno muy largo.
Los plazos para la aplicación del artículo 155 exigen un tiempo de elaboración y, pese a que no hay señales concretas, muchos se esperanzan con la posibilidad de que con el avance el reloj surja alguna cuota de sensatez que evite una medida que, en el fondo, Madrid no quiere aplicar.
