Sebastián Casanello consideró que los 26 imputados fueron «partícipes necesarios del delito de comercio de estupefacientes, agravado, y coautores de los delitos de abandono de persona seguido de lesiones y muerte, de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de dejar de promover la persecución y represión del delito», y por ello fueron procesados.

Los miembros de la Prefectura y el jefe del servicio de policía adicional «colaboraron de forma necesaria en permitir el comercio de sustancias prohibidas, incumpliendo con sus obligaciones legales relativas a perseguir y reprimir los delitos y contravenciones», señala el informe judicial.

El magistrado también dispuso embargos solidarios por 20.000.000 de pesos «a los fines de garantizar, entre otras cosas, eventuales indemnizaciones a las víctimas», y envió copia de la resolución al Ministerio de Seguridad de la Nación.

Esta resolución sigue el hilo de dos pronunciamientos anteriores, a través de los cuales el juez procesó a los empresarios encargados de la organización y a los funcionarios del gobierno porteño que tenían a cargo el control de la fiesta.