Turquía decretó la expulsión de 10.000 funcionarios

El gobierno turco volvió este domingo a utilizar el estado de emergencia impuesto después del golpe de Estado fallido de julio pasado y decretó la expulsión de más de 10.000 funcionarios de carrera de la administración pública por «ser miembros de organizaciones terroristas o grupos que actúan contra la seguridad nacional, o por mantener vínculos o lazos con ellos».

El decreto, publicado en el Boletín Oficial en coincidencia con el 93 aniversario de la fundación de la República de Turquía, establece que 10.159 empleados políticos no podrán nunca más trabajar en el Estado ni podrán ser parte de organismos de seguridad privados, informó el diario local Hurriyet.

Además, se les cancelarán las licencias de armas, de marinero y piloto, y se anularán sus pasaportes, agregó el documento, reproducido por la agencia de noticias EFE.

Estas nuevas expulsiones se suman a la larga lista de purgas y sanciones que impuso el presidente Recep Tayyip Erdogan después que una parte de las Fuerzas Armadas y un sector de la sociedad civil intentaran derrocarlo en plena madrugada y tomar el poder.

Erdogan señaló como cerebro de la intentona a su ex aliado y predicador autoexiliado en Estados Unidos, Fethullah Gulen; pero dentro del país también inició una purga y una persecución masiva de presuntos simpatizantes de Gulen y de los golpistas.

Hasta el mes pasado, unos 60.000 funcionarios habían sido expulsados del Estado por sus presuntos vínculos con la red de aliados de Gülen y casi 100.000 habían sido removidos de sus cargos mientras son investigados por la Justicia.

La lista oficial de despedidos y expulsados del Estado incluye a 2.774 funcionarios del Ministerio de Salud, 2.534 del de Justicia, 2.219 del de Educación, 1.267 empleados de universidades, 249 del Diyanet -equivalente a un Ministerio de Religión-, 183 del Tribunal Supremo, 32 del Parlamento y 101 militares, entre otros.

El mismo decreto también restituye sus derechos a casi un centenar de funcionarios y militares que fueron suspendidos de sus cargos tras el fallido golpe, lo que demuestra la rapidez y la falta de evidencias con la que se hizo la purga.