Uruguay: Escándalo sexual en la Iglesia

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Según Iglesia, las acusaciones —que hacen parte de una investigación interna— abarcan un periodo de 70 años e involucran a 40 sacerdotes. De esos, 20 religiosos están muertos, 9 están bajo investigación, 7 son inocentes y los otros cuatro fueron suspendidos para ejercer el sacerdocio.

Entre los suspendidos, dos abusaron sexualmente de menores de edad hace más de cinco años, indicó la Iglesia Católica de Montevideo (ICM) ante medios de comunicación este miércoles. Ninguno de los sacerdotes se encuentra actualmente en el país. Los otros dos cometieron “faltas al celibato”, que según información de la ICM «no fueron contra menores de edad», por lo que fueron suspendidos temporalmente.

Sobre los sacerdotes suspendidos, el proceso de investigación sigue en pie y no está claro si podrán volver a sus cargos o serán expulsados de forma definitiva.

“La Iglesia no elevó ningún caso a la justicia porque, o bien prescribieron, o bien no son considerados un delito civil”, dijo la Iglesia de Montevideo en el comunicado. “El protocolo de la CEU recomienda a los afectados hacer las denuncias pertinentes cuando corresponda, caso que no se ha dado por ahora”.

Andrea Tuana, directora de la Asociación Civil El Paso —una ONG que trabaja con mujeres que sufren situaciones de violencia sexual— dice aunque es importante que la Iglesia reconozca y revise esas situaciones de abuso sexual, debe hacer un acompañamiento a las víctimas para que esos casos sean llevados a la justicia ordinaria.

“La Iglesia debe respaldar, acompañar y promover que las personas hagan las denuncias”, le dijo Tanua a CNN en Español. “No creo que sea bueno decir que es mejor no hacer las denuncias, sino alentar a que las personas para que tengan el asesoramiento legal que se requiere para llevar todos estos casos a justicia si es voluntad de la persona”.

Además, Tuana abogó por que la Iglesia ponga a disposición de las víctimas recursos para hacer terapias o «cualquier otra forma para reparar el daño».

De los 44 casos denunciados, 18 son de hace más de 40 años; 16 son de hace 20 y 40 años; 5 acusaciones se remiten a hace 10 y 20 años y los casos más recientes son de hace cinco años, “ninguno contra menores de edad, sino contra mayores”, según dijeron los sacerdotes.

“En algunos casos se dio por concluida la investigación porque los denunciantes no la ratificaron”, dice el comunicado que agrega que en otras oportunidades las personas no quisieron que se iniciara con la investigación, sino solo querían ser escuchadas por la iglesia y “recibir una palabra de compresión y consuelo”.

En los casos en los que se comprobó que la denuncia no tenía fundamento la Iglesia no hizo denuncias judiciales por difamación.

La Conferencia Episcopal señala que 20 casos que involucraban a miembros de congregaciones religiosas fueron remitidos a sus superiores para iniciar su respectiva investigación; los otros 24 casos, de sacerdotes del clero secular —que son los que ejercen sus funciones sin pertenecer a una comunidad religiosa— se remitieron a los obispos respectivos para dicha investigación.

Las acusaciones fueron recibidas a través de una línea telefónica habilitada por la Iglesia católica en abril de este año.

El cardenal de Montevideo, Daniel Sturla, dijo en una rueda de prensa que “así sea una sola denuncia, nos produce mucho dolor” y aseguró que la iglesia tiene firme disposición para “recibir, escuchar y acompañar a las víctimas, investigando y procediendo con rigor”.

“Asumimos que el compromiso es permanente para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir nunca más en ningún ámbito eclesial”, dijo el cardenal Sturla.

La Iglesia anunció la creación de la Comisión para la Prevención de Abusos Sexuales a Menores, que funcionará en la órbita del Departamento de Educación Católica. Su función es crear proyectos normativos para garantizar los ambientes seguros en parroquias y centros educativos, que trabajará junto al Centro de Prevención del Vaticano.

El 1 de marzo de 2017 —día del inicio de la Cuaresma— la iglesia uruguaya hará una jornada penitencial para pedirles perdón a las víctimas de abuso sexual, según un pedido que hizo el papa Francisco a todas las Conferencias Episcopales del Mundo.