En el marco de una de las causas judiciales en las que se investigan hechos de corrupción en los que habría estado involucrada la constructora brasileña Odebrecht y ex funcionarios de nuestro país, el juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria al exministro de Planificación Julio De Vido.
La causa abarca las irregularidades en el «Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008», una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares y que fue adjudicada a Odebrecht a fines de 2006.
El magistrado también citó a declaración indagatoria a Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles.
La justicia sospecha que los citados funcionarios, junto a directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) -Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat-, ambos también citados a indagatoria, intervinieron, en calidad de autores y/o partícipes según cada caso, en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Las citaciones se concretarán entre el 27/11 y el 5/12. De Vido lo hará en esta última fecha, según precisó el Centro de Información Judicial (CIJ).
A partir de algunas pruebas, surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado -en forma previa- a la adjudicación del negocio a Odebrecht. Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación.
En resumen, se sospecha que el ex Ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a «licitación privada» a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht.
