La defensa de Alejandra Gils Carbó, procesada por irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración, reaccionó con críticas a la decisión del juez Julián Ercolini y consideró que se trata de “un delito imaginario”.

“El procesamiento por un delito imaginario no nos sorprende, pero sí nos produce estupor”, señaló en un breve comunicado el estudio jurídico Arslanian. Y agregó: “No nos sorprende, porque algunos medios periodísticos, con persistencia cercana a la certeza, lo venían anunciando. Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la administración pública”.

Desde que comenzó el caso, Gils Carbó fue defendida por el penalista Alejandro Rúa, pero hace dos semanas fue reemplazado por León Arslanian.

En línea con los argumentos judiciales de la defensa, el comunicado defiende la compra del edificio “en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales. Sin que en la comisión que cobrasen los intermediarios pusiera un peso el Estado, ni fuera del conocimiento de aquélla”.

Por último, el estudio jurídico adelantó que “desde luego, se interpondrán los recursos judiciales pertinentes”.

La jefa de los fiscales fue procesada por fraude al Estado, debido a supuestas irregularidades cometidas en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación en el microcentro de la Capital Federal.

El juez federal Julián Ercolini procesó a la Procuradora General por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ordenó un embargo sobre sus bienes por $7 millones, junto a otro cuatro imputados que participaron de la operación. De esta manera, es la primera vez que un Procurador General de la Nación queda procesado en la Justicia.

El 31 de agosto Gils Carbó fue indagada en la causa que analiza las comisiones que se pagaron por la compra del edificio de la calle Perón 667, donde hoy se erige la Procuración. Allí está probado que el funcionario clave que se encargó de la licitación, Guillermo Bellingi, resultó ser medio hermano de Juan Carlos Thill, quien cobró la mitad de una comisión de $7,7 millones que se le pagaron a la inmobiliaria Jaureguiberry por su intervención en la operación.

Precisamente por eso Bellingi y Thill están imputados junto a Gils Carbó. Tanto en su indagatoria como ante la prensa, Gils Carbó se despegó de la operación: aseguró que desconocía el vínculo y que no hubo perjuicio para el Estado.

El juez proceso a Gils Carbó como “coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública” y la embargó por $7 millones. También a Bellingi por el mismo delito y embargo, mientras consideró partícipes necesarios a Fisher, Thill y Jaureguiberry y los embargó a cada uno por $5 millones. Dispuso además la falta de mérito para los otros imputados: Blás Zurita, Osvaldo Leguizamón, Ignacio Costa Urquiza, Pedro Donato Viceconte y Roberto Daniel Martino.