El Presidente Mauricio Macri tiene listos 5 proyectos de ley contra la Corrupción preparados por Laura Alonso.
Ley del arrepentido
Ya utilizada para temas como terrorismo o trata de personas, la herramienta apunta a facilitar a la Justicia los modos de ahondar en investigaciones a partir de información que pueda brindar un involucrado, que a cambio recibe algún tipo de beneficio.
El proyecto está por ahora en fase de análisis, según remarcó hoy Infobae. Los encargados de la preparación evalúan las alternativas que se aplican en distintos países. La sola mención de que la medida está en agenda ya despertó resistencias en algunas filas de la oposición.
Recupero de activos
La posibilidad de extinguir el dominio de un bien que viene de un ilícito ya existe. Lo que intentará ahora el Ejecutivo es un camino para agilizarlo. En este sentido, los autores de la propuesta buscarán que se pueda recuperar antes de que haya una condena firme.
En principio, la propuesta es que haya una vía judicial al margen del proceso penal. En otros países suele ser la Justicia civil la que lo encara, sólo apuntando contra el bien.
Soborno trasnacional
Para tener normas que castiguen de manera efectiva eventuales coimas que traspasen las fronteras, se trabaja sobre dos medidas: por un lado hacer que las personas jurídicas tengan responsabilidad en casos de esa naturaleza y ampliar la jurisdicción de la justicia federal de manera que se pueda juzgar a un funcionario por un delito como ese cometido en el extranjero, independientemente de si reportó o no un efecto local.
Reforma de la Ley de Ética Pública
La prioridad de Alonso y su equipo es reforzar el régimen de presentación de declaraciones juradas que se volvió más laxo con una reforma instrumentada en 2013. En ese punto, se dará marcha atrás con las disposiciones que quitaron la obligación de informar los bienes de cónyuges.
En la «corrección» se aprovechará para establecer precisiones en cuando al protocolo de obsequios que reciben los funcionarios y también sobre eventuales conflictos de interés que en quienes ocupen cargos públicos.
Ley de acción de acceso a la información pública
En el PRO la catalogan como una «deuda pendiente» desde antes de ganar las elecciones. Los detalles se trabajan en conjunto entre la OA y el Ministerio del Interior. En líneas generales, buscará regular la publicación de datos de los tres poderes para que los pueda consultar cualquier ciudadano y agilizar el camino de los petitorios.
Las normas se ven complementadas con otros planes que por ahora tienen una forma menos concreta. En ellos se inscriben los análisis para reformar el Código Procesal Penal en distintos aspectos y la idea de dar protección para quienes denuncian casos de corrupción, sin estar involucrados.
