Allanamientos en la causa de Soterramiento del Sarmiento

La justicia federal allanó las oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella en el marco de la causa en la que se investiga si la constructora brasileña pagó coimas para que se le asignaran las millonarias obras de soterramiento del tren Sarmiento.

La orden fue librada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco del expediente en el que interviene el fiscal Franco Picardi y en el que se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares.

Los procedimientos fueron para «complementar» otros realizados la semana pasada, según informaron a Télam fuentes judiciales que remarcaron que la causa se encuentra ahora bajo secreto de sumario.

También fueron allanadas la firma Detall y la consultora Caesa, del ex funcionario Manuel Vázquez, quien fue sindicado como el testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime en distintos expedientes judiciales.

Los allanamientos realizados forman parte de una lista de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Picardi vinculadas con empresas como Iecsa -la firma que hasta hace poco perteneció a Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri- y con ex funcionarios públicos.

En un dictamen emitido la semana pasada, Picardi advirtió que entre 2005 y 2014, hubo un «habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales» para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.

El fiscal pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de «Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país».

El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción.

Picardi pidió también que se realice un estudio técnico del expediente de la licitación del soterramiento en las que participaron esas empresas de manera directa o indirecta por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

«La gigantesca red de lavado de activos de origen delictivo y corrupción» del Lava Jato en Brasil «trascendió las fronteras locales y proyectó sus efectos a través del pago de sobornos en otros países con miras a la obtención de importantes obras públicas, como es el caso argentino», dio por probado Picardi.

También, se incluyó en la investigación al lobbista Jorge «Corcho» Rodriguez, ex pareja de Susana Giménez, y requirió que se establezca si hubo visitas suyas al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.