El juez Claudio Bonadio quien ordenó allanar once propiedades a nombre de la empresa «Los Sauces», una de ellas la inmobiliaria de Máximo Kirchner, por la que es investigada la expresidenta, Lázaro Báez y Cristóbal López.

El magistrado ordenó a la Policía Federal que lleve adelante los operativos en propiedades situadas en las localidades santacruceñas de Río Gallegos, El Calafate y El Chaltén. Además, también se realizarán procedimientos para incautar documentación en algunas áreas de la gobernación de la Provincia a cargo de la cuñada de Cristina, Alicia Kirchner.

Según pudo saber TN.com.ar los efectivos federales ya están en las localidades y los operativos comenzarán en las próximas horas. Entre los lugares específicos que se allanarán están: la municipalidad de El Calafate, el hotel «Los Sauces», las oficinas de departamentos y terrenos en Río Gallegos y el hotel «la Aldea» en El Chalten.

¿Qué se investiga? En la causa «Los Sauces» se analizan operaciones hechas por esa sociedad de la entonces familia presidencial que habría comprado una serie de propiedades que luego fueron alquiladas a firmas relacionadas con los empresarios Báez y López. Con los allanamientos la Justicia quieren conocer, entre otros datos, cómo se hicieron las construcciones de las viviendas que posee Los Sauces para poder determinar de dónde salió el dinero para las obras.

Recordemos que Margarita Stolbizer amplió en los últimos días su denuncia contra Cristina en la causa Los Sauces. La diputada del GEN acusó a la expresidenta de recibir coimas por parte de Báez. Están imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas.

«Vengo a acompañar documentación que da cuenta del modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Báez y cómo paralelamente Cristina Kirchner recibía dinero a través de un acuerdo que encubría la promesa de otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles del Estado», manifestó Stolbizer en su presentación. Así, la diputada acusó a la exmandataria del delito de cohecho.

Según la denuncia, mientras Báez se beneficiaba con contratos del Estado aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner. «El empresario de la obra pública le pagaba el retorno directamente a la expresidenta», aseguró la excandidata presidencial.