El gobierno brasileño quiere neutralizar el intento de destituir a la presidenta con una amplia estrategia, que incluye movilizaciones y presentaciones ante la Justicia.
A la cabeza de la operación defensiva del gobierno, el propio Lula da Silva calificó la movida del controvertido político como «irresponsable y un acto de venganza» ante su probable remoción de la Cámara de Diputados por medio del Consejo de Ética de ese cuerpo.
Antes, sin embargo, Cunha mantuvo oscuras negociaciones con el gobierno en un intento por llegar a un acuerdo: él no avanzaría con el proceso de juicio político -prerrogativa que tiene por su cargo- a cambio de que el Partido de los Trabajadores (PT) influyera sobre sus diputados en el Consejo de Ética para que votaran a favor de su absolución.