Discuten sobre los usos que la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires hace de esta herramienta: declaró por Decreto de Necesidad y Urgencia el Estado de Emergencia en las áreas de Seguridad, Servicio Penitenciario e Infraestructura, pero la Constitución provincial no especifica esta modalidad. Debaten sobre su legalidad.
Diferentes grupos académicos debaten los nuevos usos de los DNU aplicados en la Provincia de Buenos Aires, ya que según explican, la Constitución Nacional no especifica la utilización de esta herramienta. El debate surge tras la iniciativa de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de decretar por Necesidad y Urgencia el Estado de Emergencia en las áreas de Seguridad, Servicio Penitenciario Bonaerense e Infraestructura. La medida no sería legal, ya que la Constitución de la Provincia no legitimaría esta vía.
«Esta herramienta es una facultad estipulada en la Carta Magna Nacional, pero no está contemplada en la Constitución de la provincia de Buenos Aires», indica Damián Belastegui en una nota para el portal Letra P.
Sin embargo, los expertos indican que «no es la primera vez que un Gobierno bonaerense aplica este instrumento no registrado en la Constitución provincial», por lo que también existen antecedentes de presentaciones en la Justicia y en la Legislatura objetando la utilización de este mecanismo.
Por ejemplo, en julio de 2005 el gobernador Felipe Solá firmó un DNU para prorrogar los poderes excepcionales otorgados al Ministerio de Seguridad en el marco de la emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. La medida había sido cuestionada desde el Congreso provincial, en donde se afirmó que “estamos ante una manifiesta injerencia en las atribuciones del Poder Legislativo”.
En este sentido, y tal como lo explica Belastegui, la Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió dos resoluciones en las que establece la inconstitucionalidad de los Decretos de Necesidad y Urgencia. Estas resoluciones fueron en respuesta al DNU del entonces gobernador Carlos Ruckauf, que declaraba en estado de emergencia la situación económico-financiera de la Provincia.
Finalmente, la Corte Suprema sostuvo que “Las materias propias de la legislación general conciernen al Poder Legislativo y los poderes públicos no pueden delegar facultades que les han sido conferidas ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas, ni éste último arrogárselas”.