Las tareas se paralizaron en los últimos meses del kirchnerismo y la nueva administración no revirtió la tendencia, indicaron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.

Tras cumplirse ocho años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que responsabilizaba al Estado nacional, al bonaerense, al porteño y a 14 municipios para el saneamiento y la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió que ese proceso se encuentra estancado desde los últimos meses del año pasado.

Las organizaciones señalaron en un informe que «algunas de las metas establecidas lograron resultados favorables, aunque la mayor parte de las mismas aún continúan pendientes de resolución». Agregaron que  “el año transcurrido ha sido el de mayor estancamiento en lo que hace a la gestión del saneamiento; por supuesto ello incluye fundamentalmente a la gestión que finalizó su mandato en el mes de diciembre de 2015, pero de la cual no ha logrado escapar la actual administración”.

En tanto, expresaron  que “los primeros meses de la gestión demuestran que las nuevas autoridades no han logrado cambiar esta tendencia que quedó evidenciada en las dificultades para poder llevar adelante acciones coordinadas entre diferentes jurisdicciones, aun cuando los funcionarios provienen de un mismo espacio político”.

El pasado miércoles, el Gobierno nacional firmó un acta de entendimiento con los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires para la reactivación de obras en la zona de la cuenca, que comprenderán 3.800 soluciones habitacionales con una inversión de 1.900 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 18 meses y el objetivo de cumplir el fallo de hace 7 años de la Corte Suprema que ordenaba el saneamiento de toda la zona.