El proyecto de ley de Alfonso Prat Gay deroga en primer lugar tres leyes que hoy impiden al Tesoro ofrecerle más dinero a los fondos buitre que lo que recibieron quienes aceptaron los canjes de 2005 y 2010. Se trata de las leyes “Cerrojo” de 2005 y 2009 y de la de “reapertura” del “Cerrojo” sancionada en 2013 como señal de buena voluntad a la Corte Suprema de Estados Unidos, tras los fallos en contra del país en primera y en segunda instancia.
En segundo término, el proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda a negociar y concluir todos los pleitos con los holdouts. El tercer artículo contiene una ratificación de los 21 acuerdos firmados por Prat Gay con diferentes fondos de inversión, entre ellos el que se rubricó el lunes con los grupos de tenedores considerados más hostiles o “buitres” (Aurelius y NML).
El artículo 4° contiene las dos ofertas que formalmente podrá hacer Hacienda a los holdouts una vez que se apruebe la ley. La primera o “A” establece: “Un pago equivalente al monto de capital adeudado de sus títulos con más un 50% de dicho monto de capital”.
Se precisa que “en ningún caso, el monto a pagar podrá ser superior al monto reconocido por cualquier sentencia dictada con relación a dichos títulos más la actualización legal correspondiente a la aplicación de intereses judiciales al 31 de enero de 2016”. Pero hay una ventaja para los acreedores beneficiados por los fallos del juez Thomas Griesa, quienes recibirán además un “extra” para costear gastos administrativos.
Además, hay una opción B llamada “Pari Passu” y está destinada especialmente para tentar a los fondos buitre. Ésta prevé el pago de un 70% del reclamo legal para quienes tienen fallo monetario dictado por Griesa. Esto incluye el total de la sentencia más los intereses devengados hasta el 31 de enero. Esta opción también está abierta para los holdouts que no tienen sentencia, pero a ellos se les paga el 70% del capital que se reclama más importes devengados.
El proyecto también fija que antes de realizar los pagos la Justicia de Estados Unidos deberá levantar los embargos que recayeron sobre la Argentina y le impiden pagar a los tenedores que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
El artículo 6° aparece como polémico de cara al debate legislativo ya que dispone la autorización del Congreso al Ejecutivo para que emita bonos a fin de hacerse de los dólares necesarios para pagar a los holdouts, pero no precisa de qué monto global se trata. Difusamente, el artículo dice “hasta un valor nominal original de dólares estadounidenses y/u otras monedas que sea necesario para cumplir con los pagos requeridos bajo la presente ley quedando ampliado, en consecuencia, el Presupuesto 2016”.
El artículo 7° obliga, a quienes se sumen a estas operatorias, a renunciar a sus derechos, incluso los reconocidos en sede judicial. El 8° prevé la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros pero se fija que algunos bienes del Estado argentino no podrán ser embargados como por ejemplo las reservas del BCRA, los bienes de las Fuerzas Armadas o los que están en las embajadas.
En otro ítem, la ley prevé la reposición del Bank of New York Mellon como agente de pago y la transferencia de los dólares que están en la fiducia del Banco Nación -creada en la Ley de “Pago Soberano”- a la entidad estadounidense para normalizar la situación con los holdings que no pueden cobrar debido a las órdenes de “Pari Passu” que dispuso Griesa.
El artículo 16° prevé la entrada en vigor de la ley el 1 de abril ya que el 14 del mes entrante es la fecha tope dispuesta por Griesa para que Argentina pague.
