El área Cibercrimen de la Policía Metropolitana realizó una serie de allanamientos simultáneos en una galería ubicada sobre Avenida Corrientes al 2225 donde se clausuraron cinco locales que vendían celulares que habían sido robados en la vía pública y a comercios de telefonía.

Durante los procedimientos, donde también participó la Agencia Gubernamental de Control,  se detuvo a nueve personas. Además, se secuestró una gran cantidad de equipos y documentación relacionada con la causa.

La investigación comenzó por orden del juez Daniel Rafecas a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a partir de una serie de denuncias de usuarios particulares y dueños de comercios de telefonía que habían sido víctimas de robos. De esta manera, las brigadas del área Cibercrimen realizaron una serie de tareas investigativas, principalmente en base a imágenes aportadas por las cámaras de seguridad sobre hechos de arrebatos en el Microcentro porteño.

En la segunda etapa de la investigación, a través del entrecruzamiento de los datos obtenidos, se pudo comprobar el circuito de los celulares robados. En primer lugar se produce el robo, ya sea en el comercio o a un usuario; luego lo llevan a los locales dedicados a la venta ilegal donde, en el caso de un equipo de alta gama, se los compran a los delincuentes a $200; y por último son puestos a la venta como “usados” a la mitad de su valor original.

Por otra parte, cabe destacar que esta red utilizaba como base de sus operaciones una galería comercial donde en el sótano hay una baulera, oculta mediante una pared falsa, que era utilizada como “laboratorio” para el desbloqueo de los equipos robados. Además, en la fachada que da a la calle sobre la Avenida Corrientes 2225 funciona un comercio que vende zapatos y otro de accesorios de teléfonos móvil.

Una vez presentadas las pruebas correspondientes, la justicia ordenó que se lleven a cabo los allanamientos, donde estuvieron presentes representantes de las principales compañías de telefonía móvil en Argentina. Su presencia, permitió comprobar en el momento todos los equipos denunciados por robo e identificar a los damnificados, que serán citados a declarar como testigos.

Los nueves detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Policía Metropolitana donde los identificaron y quedaron a disposición de la Justicia.

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