En una carta enviada al Tribunal de Disciplina del partido Justicialista de la provincia de Santa Fe, el diputado provincial y candidato a concejal de Rosario, Eduardo Toniolli, solicitó la expulsión del partido del senador nacional Carlos Alberto Reutemann, quien públicamente manifestó su apoyo a los candidatos del partido Unión PRO, que lidera el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es precandidato presidencial por esa fuerza.

En su carácter de secretario general de la Departamental Rosario y fundamentalmente como «militante y afiliado peronista», el diputado provincial solicita que «se sustancie un proceso de investigación por los actos de deslealtad e inconducta» en los que ha incurrido Carlos Reutemann, y por lo cuales se arribe -tal como lo prevé el artículo 32ª de la Carta Orgánica Provincial- a su «expulsión como afiliado».

El candidato a concejal de Rosario por el Frente para la Victoria basa su argumento en «las recientes declaraciones públicas y procederes del citado, apoyando las candidaturas de Miguel Torres del Sel y de Mauricio Macri, a gobernador de Santa Fe y a presidente de la Nación, respectivamente, por el Partido Propuesta Republicana (PRO), en abierta contradicción con lo resuelto por los órganos de conducción del Partido Justicialista».

«Vale recordar que tanto el Congreso Provincial -prosigue la extensa carta que envió al Tribunal Disciplinaria del Partido Justicialista de la provincia-, como el Congreso Nacional partidario, han resuelto el apoyo irrestricto a la presidenta de la Nación y al modelo de desarrollo nacional que su gestión motoriza, y la integración del Frente Para la Victoria como herramienta electoral para lograr su continuidad y profundización».

Y respecto al hecho de que no es el único dirigente que siguió ese camino, Toniolli afirma que «frente a previsibles, y entendibles, cuestionamientos de compañeros que van a señalar que hay otros dirigentes políticos que han optado por seguir el mismo camino que Reutemann, diremos que cualquier afiliado tiene el derecho y la obligación de señalar esas inconductas ante las autoridades competentes».