El oficialismo logró un amplio apoyo opositor y consiguió emitir dictamen favorable en el Senado para la ley que autoriza el pago a los holdouts. El macrismo y el radicalismo consiguieron el acompañamiento de diez senadores del Frente para la Victoria (FpV) que están encolumnados con los gobernadores, de un legislador que responde a Margarita Stolbizer (Jaime Linares), de los dos massistas-delasotistas (entre ellos el cordobés Carlos Caserio) y de cuatro peronistas no K (dos pampeanos, un salteño y un sanjuanino).
En total, 14 firmas de la comisión de Presupuesto y Hacienda y otras 14 de Economía e Inversión (sobre un total de 34) configuraron el dictamen de mayoría. De este modo, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado el próximo miércoles en el recinto, con perspectiva muy optimista.
La bancada mayoritaria del PJ-FpV que conduce Miguel Pichetto tuvo tres posiciones. Sólo la ultra-kirchnerista María Labado (Santa Cruz) firmó despacho de rechazo. En cambio, otros tres senadores (Juan Manuel Abal Medina, Graciela de la Rosa y Eduardo Aguilar) decidieron manifestarse en contra pero no rubricar ningún dictamen (además faltaron algunos, como el tucumano José Alperovich).
Los diez legisladores K que firmaron junto a Cambiemos y sus socios fueron el salteño Rodolfo Urtubey, el correntino Carlos Espínola, el catamarqueño Dalmacio Mera, el santafesino Omar Perotti, el entrerriano Pedro Guastavino, el santiagueño Gerardo Zamora, la tucumana Beatriz Mirkin, el jujeño Walter Barrionuevo y los misioneros Juan Irrazábal y Sandra Giménez.
Esta última senadora se mostró combativa con el Gobierno nacional pero aclaró que apoyaba en esta ocasión. “Me quieren poner como la que rompe el bloque del FpV y el bloque no se rompe”, sostuvo. Abal Medina, Aguilar y De la Rosa cuestionaron la alta litigiosidad que traería aparejado el arreglo con los buitres y la falta de precisión del dinero que se pagará.
Los oficialistas Federico Pinedo y Julio Cobos fueron las voces que se expresaron a favor. El macrista cuestionó “la alternativa de seguir sin pagar” porque los acreedores reestructurados, que no pueden cobrar por los embargos del juez Thomas Griesa, pueden pedir la aceleración de toda la deuda. “Lo que es bastante dramático; basta que un bono pueda tener aceleración para que suceda el cross- default. Y se deba pagar todos los bonos que expiran en 2035”.
El mendocino recalcó que sancionar la ley “será un punto de inflexión”. “Pero hay mucho camino por recorrer. Hay que ordenar las variables macroeconómicas para volver a crecer”, explicó.
