El exjefe de gobierno porteño y exlegislador, Aníbal Ibarra, será defensor de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa que la investiga por supuesto encubrimiento en el caso AMIA.

Ibarra es abogado penalista. Aunque su carrera política empezó en 1991, cuando fue electo concejal de la Ciudad de Buenos Aires por el Fredejuso, hasta entonces se había desempeñado como fiscal federal en casos de defensa de derechos humanos.

En 1996 fue convencional constituyente para redactar la Constitución de la Ciudad; en 1997 pasó a ser legislador porteño por el Frepaso. Y en 2000 dio el salto: fue electo jefe de Gobierno porteño gracias a un acuerdo entre los líderes del radicalismo y el Frepaso. En 2003 ganó la reelección por el frente Fuerza Porteña, con apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner.

Pero casi dos años después su carrera quedó trunca. En 2005 fue apuntado como uno de los principales responsables de la tragedia de Cromagnón, en la que murieron 194 personas. Fue suspendido. Atravesó un juicio político. Hasta que la Legislatura lo destituyó en 2006 y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por su presunta responsabilidad política.

Cercano al kirchnerismo desde sus comienzos como fuerza nacional en 2003, Ibarra fue legislador entre 2007 y 2015, después de la tragedia de Cromagnon en 2004. Ganó una banca como legislador porteño por su fuerza Diálogo por Buenos Aires, como aliado al kirchnerismo. Y en 2011 fue reelecto por el Frente Progresista Popular, también cercano al FPV.

En 2015, armó una lista propia para la Legislatura con Carlos Heller. Fue uno de los siete precandidatos a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, uno de los más criticos del entonces gobierno de Cristina Kirchner.

Su postura, ese año, era la de intentar reconciliar al kirchnerismo con el votante porteño, reacio mayoritariamente a la fuerza fundada por Néstor Kirchner. Pero fue derrotado en la interna por uno de sus rivales internos, Mariano Recalde.

El ex jefe de Gobierno fue destituido; más adelante se presentó como candidato y ganó una banca como legislador.

En los últimos años, fuera de los cargos políticos, volvió a trabajar como abogado. Defiende a cinco jóvenes que fueron detenidos en la marcha del 18 de diciembre en el Congreso durante los incidentes por la reforma previsional; a un hombre detenido en una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y en la causa por el memorándum con Irán también defiende al exsecretario de Presidencia, Oscar Parrilli.

Según opinó públicamente sobre la investigación que involucra a Cristina Kirchner por el pacto con Irán, se trata de un caso de “persecución política a través de jueces”.