La comisión creada por el Gobierno británico para acelerar la entrega de más poderes a Escocia presentó sus conclusiones. Se trataba de cumplir el compromiso solemne ante el pueblo escocés, adquirido por los principales partidos británicos, presionados por el aumento del sí en las encuestas de los días previos al referéndum de independencia del pasado 18 de septiembre.
El dictamen recomienda que el Parlamento escocés tenga competencia para recaudar y fijar los tipos y los tramos del total del impuesto sobre la renta, lo que le da un control directo sobre cerca de 13.000 millones de euros. Supone un paso más allá, por ejemplo, de las competencias de las comunidades autónomas españolas (excepto País Vasco y Navarra), que tienen cedido el 50% del impuesto.
Pero el documento no satisface las aspiraciones de los nacionalistas escoceses y resulta injusto para muchos representantes de otros territorios. Lejos de cerrar un proceso, abre definitivamente el complejo y trascendental debate sobre la organización territorial de un estado formado por cuatro naciones, como lo definió el primer ministro David Cameron después de la victoria del no en el referéndum.
Edimburgo tendrá, además, capacidad para crear nuevas prestaciones sociales en áreas transferidas. Podrá disponer del primer 10% de lo que se recaude de IVA en Escocia y controlará la tasa por pasajero en los aeropuertos escoceses. Se transferirá también la gestión sobre las fincas de la corona en suelo escocés y la concesión de licencias para extracción de petróleo por fractura hidráulica (fracking).
Las recomendaciones de la comisión Smith, acordadas por los cinco partidos representados en el Parlamento escocés, serán utilizadas por el Gobierno británico como base para avanzar en la devolución de poderes. Según el calendario comprometido por el ex primer ministro laborista Gordon Brown, un acuerdo de mínimos debía alcanzarse antes del 30 de noviembre.
