El Gobierno de Morales indicó que la resolución solicita al Estado Argentino «que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala», pero «sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES».
Además, advirtió que «la resolución emitida por la CIDH convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva» y se avoca «sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra».
Por ello, el Gobierno de la Provincia advirtió que, «en lo que es de su competencia, reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala situación que, no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de evaluar las condiciones de detención».
El Poder Ejecutivo provincial remarcó además que «en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención eran satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos», lo que -consideró- «da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala».
El Gobierno de Morales, por último, confirmó que «en cumplimiento de los estándares y principios del sistema interamericano e internacional de derechos humanos», una vez recibida la notificación formal de la resolución «dictará acto administrativo poniendo en conocimiento de la misma al Poder Judicial de la Provincia, en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión».
