El destituido presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ex ministros se entregaron a la Policía en Bruselas, acompañados por sus abogados, y quedaron detenidos hasta mañana cuando un juez decida sobre una orden de captura de la Justicia española por «rebelión, sedición y malversación».
El vocero de la Fiscalía general belga, Gilles Dejemeppe, informó en una conferencia de prensa que Puigdemont y sus cuatro funcionarios también destituidos -Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret- estarán «privados de libertad» hasta que el juez de instrucción designado defina cómo responde a la orden de captura y entrega dictada por la jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela.
Dejemeppe adelantó a los medios que «como muy tarde» el juez tomará una decisión a las 9.17 de la mañana de este lunes (5.17 de la mañana en Argentina).
Las opciones son que el juez acepte la orden de la jueza española y apruebe la detención preventiva y la futura deportación de los cinco funcionarios catalanes destituidos, que dicte medidas cautelares intermedias sólo para evitar el riesgo de fuga o rechazar completamente la orden de captura.
Ninguno de los cincos líderes independentistas catalanes habló con la prensa antes de entregarse en una comisaria de Bruselas, sin embargo, tanto la prensa local como la española aventuró que buscaron evitar la imagen de una detención, una opción que se parecía inevitable hoy si Puigdemont y sus ex consejeros no se presentaban voluntariamente.
Si el juez acepta la orden de captura y entrega de la Audiencia Nacional española, los plazos dependerán de los detenidos.
Según la legislación europea, si los detenidos aceptan ser entregados, la decisión se tomará en un plazo de 10 días desde su consentimiento. Hasta ahora Puigdemont ha asegurado que no existen «garantías» en España para su proceso.
En cambio, si los detenidos se niegan a la extradición, el país ejecutor -en este caso Bélgica- tiene 60 días desde la fecha del arresto para tomar una decisión final. Bajo circunstancias excepcionales este plazo puede extenderse otros 30 días, hasta un total de 90.
Pero en Bélgica los plazos judiciales son más cortos. Incluidas las apelaciones, hay sólo 45 días para todo el procedimiento, informó la Fiscalía General belga.
Ambos plazos máximos entran en conflicto con el proceso electoral abierto por la intervención de Cataluña ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y ratificada por el Senado español para frenar el proceso independentista.
Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos, incluidos sedición, rebelión y malversación, acusaciones que nacen con el proceso independentista que impulsó el destituido gobierno catalán hasta declarar un estado republicano que duró apenas unas horas el 27 de octubre, hasta que Madrid dictó la intervención de Cataluña,
La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel. El ex vicejefe del gobierno regional Oriol Junqueras y otros siete ex consejeros quedaron detenidos el jueves pasado tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza.
