La desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala mantiene en vilo a ese país y la comunidad internacional, pero cuando se cumple casi un mes del crimen, aún quedan muchos interrogantes que resolver.
No hay rastro de los jóvenes desde que la noche del 26 de septiembre fueran atacados a tiros por policías locales y sicarios del cártel narcotraficante Guerreros Unidos en Iguala, en el estado sureño de Guerrero, adonde se habían desplazado para recaudar fondos para sus actividades políticas.
La fiscalía cree que el ataque, en el que hubo seis muertos, fue ordenado por el ahora prófugo alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, porque temía que los estudiantes fueran a boicotear un acto público de su esposa, María de los Ángeles Pineda, de quien después se supo que es hermana de narcotraficantes y acusada de ser la principal operadora de Guerreros Unidos en esta ciudad a 200 kilómetros de Ciudad de México.
Siguen las dudas en torno a la pregunta clave, de ¿Por qué se atacó a los estudiantes?, la fiscalía acusa a Abarca Velázquez de ordenar que sus policías reprimieran a los jóvenes y recuerda, como antecedente, que estudiantes de Ayotzinapa ya habían participado en unas violentas protestas contra el alcalde en mayo y junio de 2013 culpándole de la muerte de un líder campesino, las autoridades creen que los policías entregaron a los 43 estudiantes a los Guerreros Unidos y, por declaraciones de algunos de los 52 detenidos, temen que pudieran haber sido asesinados y enterrados.
Para el exsecretario (ministro) mexicano de Desarrollo Social Heriberto Félix Guerra, natural del estado de Sinaloa, también muy golpeado por el narcotráfico, esta connivencia entre el poder civil y el narcotraficante fue algo que se le salió de las manos al Estado.
