El Congreso Nacional Africano (CNA), en el poder en Sudáfrica desde el establecimiento de la democracia en 1994 tras el fin del apartheid, informó que la decisión se tomó ayer tras semanas de negociaciones secretas y maniobras internas, y que fue comunicada oficialmente esta mañana a Zuma, cuyo mandato termina en 2019.
La oposición sudafricana reclamó que la salida del presidente se resuelva en el Parlamento mediante una moción de censura y no como una cuestión interna del partido gobernante.
El Comité Ejecutivo Nacional del CNA se reunió ayer en la capital sudafricana, Pretoria, para debatir el futuro de Zuma -involucrado en más de 750 causas judiciales- y decidir si se iba a pedir su dimisión o simplemente a abandonarlo a su suerte en el Parlamento.
La discusión se prolongó hasta bien entrada la noche y la conclusión fue ofrecerle un plazo de dos días para que renuncie.
«El NEC (Comité Ejecutivo Nacional del CNA, siglas en inglés) decidió lo que sigue: apartar al militante, camarada Jacob Zuma, de acuerdo a la regla 12.2.21.2 de la constitución del CNA», anunció a la prensa el secretario general del partido, Ace Magashule, citado por la agencia de noticias EFE.
«Estoy seguro de que el presidente responderá mañana», anticipó Magashule, después de asegurar que no hay una fecha límite exigida a Zuma para concretar su dimisión.
«Esperamos que nuestro militante haga lo que nuestra organización espera que haga. Depende de Zuma. Es un asunto urgente así que tiene que ser tratado con urgencia», recalcó.
Zuma, de 75 años, propuso al CNA que se le diera un plazo de tres a seis meses para dimitir, pero los miembros del Comité Ejecutivo Nacional rechazaron la petición, informó Magashule.
«Aunque apreciamos la propuesta del presidente Zuma, el NEC tiene en cuenta que Sudáfrica atraviesa un periodo de incertidumbre y ansiedad como resultado del irresoluto tema de la transición», declaró.
Por ello, la resolución de apartar al presidente quedó en firme y ya «no puede cambiar», precisó el secretario general del partido del líder sudafricano, Neson Mandela.
Según la cúpula del CNA, «en adelante esa incertidumbre y ansiedad» erosionaría «la renovada esperanza y confianza de los sudafricanos» desatada por el cambio de liderazgo que atravesó el antiguo movimiento de liberación el pasado diciembre, cuando el vicepresidente Cyril Ramaphosa fue elegido nuevo número uno del antiguo movimiento de liberación.
Ramaphosa, quien en su ascenso hacia el poder hizo campaña sobre ser implacable con la corrupción y revitalizar la economía sudafricana, se sitúa ahora como el primero en línea para suceder al presidente, siempre que éste acate la decisión de su partido.
La disciplina interna del CNA obliga a sus miembros, incluidos los cargos electos, a acatar las decisiones del bloque.
«Es obvio que queremos que el camarada Cyril Ramaphosa entre como presidente de Sudáfrica», manifestó Magashule, quien no obstante hizo hincapié en que el partido no quiere un proceso «humillante» para Zuma, sino una salida «amigable».
Sin embargo, si pese a todo Zuma se resiste al abandonar el poder, podría ser destituido vía moción de censura en el Parlamento (de mayoría oficialista).
Ya hay un trámite de este tipo programado para el 22 de este mes, solicitado hace varios días por la oposición, aunque Magashule afirmó que la formación no ha hablado de moción alguna.
«El único modo de quitar a Jacob Zuma como presidente es a través de una moción de censura parlamentaria. Es el Parlamento el que elige y quita al presidente, no el CNA», recalcó Mmusi Maimane, líder de la Alianza Democrática (AD), el principal partido de la oposición.
La imagen del partido que gobierna en Sudáfrica se ha visto dañada en los últimos años por los múltiples escándalos de corrupción que salpican directamente al presidente Zuma.
Los tribunales le reabrieron 783 cargos de corrupción que le habían sido retirados en 2009, relacionados con contratos públicos para la compra de armamento en 1999.
También por una orden judicial, el Parlamento acordó iniciar los trámites para redactar un marco de reglas que regule la posible destitución del presidente del país.
Los jueces tomaron esta decisión tras considerar que el organismo falló en su misión de que el presidente rindiera cuentas por haber pagado la ampliación de su residencia privada con dinero público, lo que obligó a Zuma devolver medio millón de euros en 2016.
