El caso Aldo Ducler apareció en el viaje de Germán Garavano a Washington, gira que ya para el Gobierno terminó siendo «exitosa», al menos por el grado de información que se logró conseguir.

El ministro de Justicia, que además de esta causa también busca cerrar un acuerdo bilateral para avanzar en la causa Odebrecht, tomó contacto ayer con las autoridades de la fiscalía general de los Estados Unidos que maneja Jeff Sessions; y recibió un largo listado de operaciones financieras en ese país, que coincidirían con lo que Aldo Ducler ofrecía entregar en Buenos Aires a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Los datos están en una carpeta que recibió el ministro y donde aparecen listas con números (cuentas y montos) de circulación de dinero dentro del los bancos de Estados Unidos, de los que ahora habrá que desprender los nombres que están involucrados en estas operaciones. Para esto, se necesitará una guía especializada en el sistema financiero norteamericano, que pueda entender y capitalizar luego la información de las listas que recibió Garavano. En otras palabras, el gobierno nacional entregará los datos a un «sherpa» (argentino o norteamericano) que será el encargado de descubrir las personas y empresas que están vinculadas a los números recibidos.

Lo que se sabe por ahora es que se trata de operaciones financieras que tienen que ver con lo que el ex titular de Mercado Abierto, fallecido de un paro cardiaco el jueves pasado (versión oficial); ofreció denunciar a cambio de una «recompensa» del 10% del dinero que el gobierno luego recaude de las personas que iba a acusar.

Si bien aún los nombres involucrados están por descubrirse, desde las autoridades de la fiscalía de los Estados Unidos se le dio una clave al ministro sobre una de las operaciones que estarían dentro del largo listado de números a desencriptar. La palabra clave es: Burford. Se trata de un fondo altamente especulativo (en el Juicio del Siglo lo hubieran llamado buitre), que apareció en la historia financiera (y penal) de la Argentina el 8 de abril del año pasado cuando se presentó en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York contra la petrolera argentina YPF y la República Argentina denunciando la expropiación de las acciones de la empresa; reclamando un megamillonario resarcimiento (más de 1.000 millones de dólares) por esa operación ante una supuesta violación de las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.

Se trata del fondo Burford Capital que en algún momento del 2014 le compró a las firmas radicadas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energía; constituidas por la familia Eskenazi para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF SA, obviamente antes de la reestatización que lanzó Cristina Fernández de Kirchner.

Burford se especializa en juicios «basura», y su escenario de acción son operaciones de empresas radicadas fuera de los Estados Unidos que se sienten perjudicadas por movimientos financieros de terceros en los que intervengan bancos de ese país. El juicio original se basaba en que no hubo un lanzamiento de oferta pública de compra de las acciones de la empresa luego de la reestatización, tal como indica la ley norteamericana para toda compañía que opere en los Estados Unidos, como es el caso de YPF y según los papeles que la petrolera presentó ante la Comisión de Valores de ese país en 1993 como pedido de autorización para cotizar en Wall Street. Petersen no planteó el juicio, pero Bruford compró la causa en la liquidación de las empresas radicadas en España con el fin de avanzar en un juicio contra el país en Wall Street.

Bruford también había comprado en una operación similar la causa que el quebrado Grupo Marsans, también español, le había iniciado al país por la reestatización de Aerolíneas Argentinas y que se presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

La causa presentada por Bruford, realizada a nombre de Petersen Energía, fue habilitada por el mismísimo Thomas Griesa, que consideró válida la entrega de Bonar 24 con el que el país recompensó a Repsol por la renacionalización de YPF.

El reclamo original era por unos U$S 500 millones a los que luego se deberían sumar intereses, punitorios, multas y gastos del juicio; lo que elevaría, según los demandantes, el monto a más de U$S 1.000 millones.

El juicio de Bruford contra el país e YPF comenzó el 8 de abril de 2015, cuando Griesa aceptó que era en su juzgado donde el reclamo de Petersen Energía debería ser tratado. En ese momento, el juicio se concentraba en el pedido de Bruford de evaluar la alternativa que la emisión de los aproximadamente U$S 5.500 millones del Bonar 24 con el que el país le pagó a Repsol, había ignorado los intereses de Petersen Energía, que no había recibido dinero por esa operación.

El caso cayó en el juzgado de Griesa, al haber reclamos de parte de los otros fondos buitre que demandaban por el «Juicio del Siglo», que el país luego cerró en 2016. Como esta causa no está vinculada al default de 2001, sino contra la nacionalización de YPF, fue separada del acuerdo final y continuó su curso. El juez cuando definió el caso del juicio contra los fondos buitre en abril del 2016, pasó la causa a otra jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska. Esta jueza es ahora la que tiene el caso de Burford.

Según los datos que recibió Garavano, y como se trataría de un fondo norteamericano afectado, la investigación de la SEC involucraría la operación de recompra de acciones de YPF a favor de Repsol con movimientos que involucrarían a varios funcionarios, empresarios e intermediarios argentinos y extranjeros vinculados a la causa. Pero para esto se necesitará un «sherpa».

La demanda no tiene nada que ver ni con el Grupo Petersen ni con la familia Eskenazi, ya que fue una causa comprada directamente a Repsol en Madrid.