El conocido Plan Qunita para asistir a embarazadas, lanzado en los últimos meses de gobierno K, desembocó en una dudosa y millonaria licitación, tras la cual el juez Claudio Bonadio decidió procesar a varios funcionarios y, recientemente, embargar las cuentas bancarias de ciertas empresas, logrando recuperar 10 millones de pesos.
Cabe recordar que, en febrero pasado, el magistrado decidió procesar al exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández; a los dos últimos ministros de Salud de la Nación del anterior gobierno, Daniel Gollán y Juan Manzur (hoy gobernador de Tucumán) y a quien fuera el segundo de Salud y militante de La Cámpora, Nicolás Kreplak.
Los mencionados quedaron bajo la mira judicial por la licitación realizada que favoreció a determinadas empresas, una de ellas sin ningún antecedente que la avalara. Como informó el portal de noticias Infobae.com, se trata de la firma Fasano que se quedó con la porción más grande del contrato: 115.000 kits. Iba a cobrar una suma de 900 millones de pesos. Los integrantes de todas las empresas que participaron del negocios también fueron procesados.
Recientemente, según pudo confirmar el portal mencionado, Bonadío decretó el embargo de todas las cuentas bancarias de las empresas, de los integrantes de las sociedades y también sus cajas de seguridad.
El Programa Qunita lanzado por el kirchnerismo tenía un costo de 1100 millones de pesos. Entres seis empresas se repartieron la venta al Estado de los 140.000 kits de asistencia para madres y bebés recién nacidos.
El embargo de dinero es hasta intentar hallar la cifra que pagó el Estado hasta que hace unos meses se suspendió el Programa Qunita, luego de un informe sobre las condiciones de seguridad de las cunas que integraban el kit.
