La unificación de los Códigos Civil y Comercial fue sancionada a comienzos de octubre en una sesión marcada por la polémica: la oposición denunció «un atropello a las instituciones» y abandonó el recinto de Diputados, dejando el camino allanado para que el oficialismo apruebe el texto girado del Senado con 134 votos a favor y ninguno en contra. Pese a la resistencia, ahora el Frente para la Victoria está dispuesto a ir por más y buscará adelantar su fecha de vigencia.

El titular de la bancada kirchnerista en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, y el senador Aníbal Fernández presentaron hoy una iniciativa para modificar la reforma, de modo que en lugar regir a partir del 1 de enero de 2016 lo haga el 1 de agosto del 2015. El plazo respondía a la valoración inicial del tiempo que se estimaba apropiado para dar lugar a un proceso de divulgación de la nueva legislación entre sus destinatarios y en el ámbito de sus ejecutores de especial relevancia.

“Es conveniente no perder de vista que ya durante la génesis del nuevo texto legal tuvo lugar un proceso de amplia participación de miembros del Poder Judicial, de la docencia y de los Colegios de Abogados, y también del universo de las instituciones privadas que en los últimos años habían reclamado la unificación del derecho civil y del comercial y la recepción de los avances legislativos alumbrados en el derecho comparado «, observaron en los fundamentos.

Los legisladores consideraron que «antes de la sanción definitiva del proyecto de ley destinado a la aprobación del Código Civil y Comercial de la Nación, la mayoría de los contenidos comprendidos en la nueva regulación resultaban ampliamente conocidos en los ámbitos académico y profesional del derecho; conocimiento que también se extendió a entidades y organizaciones sociales como asimismo a una incontable cantidad de personas que se interesaron en las nuevas normas».

Al solicitar el adelantamiento de la fecha, expresaron su «íntima convicción en torno a las bondades intrínsecas que caracterizan el nuevo ordenamiento, que viene a dar respuesta a modificaciones largamente esperadas por la sociedad». Y evaluaron que el plazo planteado originalmente «contribuye a dilatar el acceso de la sociedad a los beneficios que se derivan de la nueva legislación aprobada».