El jardinero presidencial y empresario multi-rubro, Ricardo Barreiro, fue procesado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado, informó hoy la web Página Judicial.

El procesamiento fue dictado por el juez de Instrucción Número 7 de Paraná, Humberto Franchi, quien además le pidió al fiscal que investigue si Barreiro no incurrió también en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, dada su doble condición de asesor ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia y proveedor del Estado a través de su empresa RP Transportes SA.

El magistrado señaló que Barreiro “Aceptó y ejerció el cargo propuesto, es más, se sirvió de la correspondiente función para conocer los pormenores de la licitación llevada cabo por el Ministerio de Turismo de la provincia para, en base a sus contactos, participar de la licitación 30/2012 y resultar único y exclusivo competidor”.

“Su conducta se ha visto materializada (…) en el perjuicio moral ocasionado al Estado provincial, por el hecho de poner en tela de juicio la transparencia de la licitación pública de la que resultó ganador Barreiro al haber negado en el formulario de inscripción su condición de funcionario público ad-honorem”, dejó expresado el juez Franchi en el auto de procesamiento al que accedió Página Judicial.

Los abogados Raúl Barrandeguy (ex diputado nacional por el FpV) y José Candelario Pérez, que representan a Barreiro, presentaron la apelación en el juzgado a cargo de Franchi y solicitaron que se la conceda para que la Cámara del Crimen de Paraná revise el procesamiento.

La causa había sido promovida en mayo del año pasado por el abogado Guillermo Mulet, el mismo que antes había denunciado el escándalo de las máquinas cosechadoras, de acuerdo con el artículo de Juan Cruz Varela, periodista del diario Página Judicial.

Entre los expedientes que cuenta el magistrado figura que Barreiro comenzó a prestar funciones a partir del 15 de agosto de 2012 en el Ceiser, un organismo dedicado a “crear, producir y distribuir eventos, bienes, productos y servicios culturales”. Aunque la designación es “ad honorem”, luego se le asignaron viáticos “con un Nivel de Personal Superior Fuera de Escalafón, Funcionario Político Nivel 41”. Ello a pesar de que el jardinero vive en El Calafate, a más de 3.000 kilómetros de Paraná.

A la vez, tanto Barreiro como su empresa RP Transporte SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia. Según los informes remitidos por la Dirección General de Contrataciones, en octubre de 2012 el jardinero aseguró, a través de una declaración jurada, que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública entrerriana. Ese dato resultó ser falso.

Más aún, a partir de esa falsedad, la Dirección de Turismo Social le alquiló a RP Transporte SA dos colectivos por el período de un mes para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis. Por estos servicios, el ex jardinero presidencial presentó, el 11 de diciembre de 2012, una factura por 220.000 pesos, la cual fue ingresada al Servicio Administrativo Contable provincial por la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Turismo.